GESTIÓN DEL AGUA URBANA (II): LOS MECANISMOS DE ACCIÓN SOCIAL Y EL DERECHO HUMANO AL AGUA

Date: May 22, 2019

Conscientes de que el acceso al agua potable es un derecho humano que no debe de ninguna de las maneras ser arrebatado por cuestiones meramente económicas, cada vez son más los operadores de los servicios de agua urbana los que aplican diferentes mecanismos de acción social.

En la actualidad, y según concluye el XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2018, elaborado por AEAS y AGA, “cerca del 94% de la población reside en municipios cuyos operadores de los servicios de agua cuentan con mecanismos de acción social”.

Por poner dos ejemplos concretos, Emasesa, la empresa pública de aguas de Sevilla y su área metropolitana, dedicó casi 1,8 millones de euros en 2017, beneficiando a casi 8.000 personas. Por su parte, la empresa privada Aqualia ha destinado en los dos últimos ejercicios (2017 y 2018) un total de 7,9 millones de euros para cubrir los recibos aplazados de los servicios que gestionan. Además, mantienen una línea de colaboración abierta con Cáritas que cubre el abono de los gastos de los recibos de agua en sus centros allí donde opera la empresa, una iniciativa de la que en 2018 se han beneficiado casi 17.000 personas.

Recientemente, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) han publicado una Guía “para la aplicación de mecanismos de acción social en la gestión del agua urbana”.

Esta guía propone diferentes iniciativas encaminadas a paliar las dificultades que personas en riesgo de exclusión social tienen a la hora de afrontar sus gastos domésticos en general y la factura del agua en particular.

El contenido de la guía se ha elaborado a partir de los resultados de numerosas encuestas realizadas a entidades locales, responsables directos de las competencias en materia de gestión del agua, así como a diferentes operadores de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. De esta forma, la experiencia de unos pueda contribuir a hacer extensivas estas medidas entre el resto de operadores y entes locales, dándolas a conocer y detallando la forma más efectiva de su aplicación para el beneficio de la ciudadanía más desfavorecida.

«En la actualidad se destinan casi ocho millones y medio de euros a ayudas a hogares con dificultades económicas»

En ese sentido, desde AGA, como asociación representante de la gran mayoría de los operadores de los servicios de agua urbana en España, queremos no sólo apoyar la iniciativa de la FEMP y de AEAS sino darle la mayor difusión posible tanto entre nuestros asociados y los ciudadanos con el fin de que estos mecanismos de acción social, que ya se aplican desde hace años en numerosos municipios, principalmente en los mayores de 10.000 habitantes, se generalicen en el territorio.

Sirva como ejemplo el dato resultante de las encuestas realizadas a operadores que cubren el servicio de suministro de agua a más de 16 millones de ciudadanos, que en la actualidad se destinan casi ocho millones y medio de euros a ayudas a hogares con dificultades económicas, bien a través de bonificaciones, fondos de solidaridad, etc., siendo muy elevado el número de municipios que declaran aplicar alguno de estos mecanismos de acción social. Según la encuesta, el número de hogares a los que se les aplica algún tipo de mecanismo de acción social en toda España ascienda casi hasta los 150.000. De todos ellos, un 77% recibe ayudas a fondo perdido y tan sólo un 4% las recibe para financiar los pagos sin intereses.

La encuesta muestra que esta práctica es cada vez más extendida en España y que cada vez son más los municipios que las ofrecen a sus ciudadanos. De hecho, y como medida primera, los cortes del suministro a personas vulnerables son inexistentes en España, de ahí que la aplicación de estos mecanismos facilita el acceso universal al servicio.

El desarrollo de iniciativas como la publicación de esta guía supone una importante ayuda y orientación a los municipios y operadores españoles a la hora de implantar estos mecanismos que, lo que pretenden es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía garantizándoles derechos tan básicos y necesarios como el suministro de agua potable en sus hogares.